Artículo de Carlos Alberto Aguilar Meza
De la historia de horror que ocurre a diario en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales, me vienen a la menta varias preguntas y reflexiones.
A pesar de que sabemos que el sistema de salud en su conjunto se encuentra rebasado por la emergencia sanitaria, ¿hay derecho a tamaño maltrato de una persona de la tercera edad? ¿No es el Estado el que está obligado a proteger a sus ciudadanos? ¿Y más aún a las personas vulnerables? ¿Una persona afiliada que se ha ganado con creces su seguro de salud, tiene que divagar por el mundo pidiendo que le hagan “el favor” de “regalarle” un poco de misericordia para su salud?
Además de la mal denominada Defensoría del Asegurado, ¿existe alguna otra entidad que se haga cargo de este tipo de abusos, sin que transcurran siete días y el consecuente incremento de daños a un paciente?
¿Cuántos son los ciudadanos que reciben un trato similar? Si en una ciudad como Lima, que se supone cuenta con los mejores servicios y la mayor implementación, suceden este tipo de maltratos, ¿Cómo andaremos en las provincias y distritos? ¿Cómo tratamos a nuestros ciudadanos en el sistema público general?
Insisto, luego nos preguntamos ¿por qué los ciudadanos protestan en las urnas, de la manera como lo hicieron el último 11 de abril? Han pasado los años y no vemos que los servicios hayan siquiera mejorado, ya ni hablemos de calidad ¿Cuán caro puede ser un servicio público elemental para un ciudadano de bajos ingresos?
Los cierto es que en cualquier nación que se precie de civilizada aplica el concepto servicio público, que a decir de la literatura general significa: “todas aquellas actividades llevadas a cabo por los organismos del Estado o bajo el control y la regulación de este, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de una colectividad. Los servicios públicos son una función de Estado, puesto que el Estado no es sino una corporación de servicios públicos”.
Evidentemente, este concepto abarca el servicio público de salud. Y más que un servicio es un derecho establecido en nuestro orden jurídico. Mayor derecho aún, si el ciudadano ha contribuido durante su vida laboral para garantizar que en su periodo de jubilación obtenga una contraprestación mínima de parte del Estado.
Este ejemplo, como muchos otros, nos da argumentos para establecer cuán costosa puede ser salud en el Perú, tanto, que hasta la vida nos pueda costar.