Artículo de Carlos Alberto Aguilar Meza
Una escena de la vida real y muy común en el Perú que se repite todos los días en nuestros hospitales y centros de salud ocurrió cuando un individuo de poco más de 80 años, que cumplió con pagar su seguro social hasta el día que le tocó jubilarse, requirió atención médica en Tingo María por un problema cardiovascular grave, e inicia su vía crucis. En el Hospital de la seguridad social en un primer momento le niegan la atención, aduciendo falta de espacio, y luego nos percatamos que lo que realmente no hay es especialización para la atención adecuada.
Finalmente, el médico tratante, de manera inconsulta, deriva al paciente a Lima en una ambulancia, en un viaje de poco más de 10 horas, con todos los riesgos que ello significa para una persona de edad, con una pierna al borde de la necrosis, producto del problema cardiovascular.
El Hospital Almenara, luego de múltiples trámites “decide” recibir al paciente. Le realizan múltiples exámenes para determinar el real estado de la patología. Como conclusión deciden practicarle un procedimiento. Pasados tres días desde que le practicaron el procedimiento, el médico tratante llama a un familiar y le notifica que el paciente ha sido dado de alta y le conmina a que lo evacuen, bajo amenaza de ser denunciados por exponer a una persona enferma. Una afirmación perversa, porque lo único que constatamos –como veremos más adelante— es que la seguridad social es la que expone a sus asegurados.
Hasta aquí solo podemos observar una lista única de maltratos a una persona que, durante toda su vida laboral, lo único que hizo fue cumplir con pagar sus obligaciones. En todo esto, ninguna persona de ambos hospitales tuvo la “gentileza” de mantener informado a los interesados, y únicamente tomaron decisiones unilaterales en flagrante perjuicio del paciente.
Pero la historia de horror continúa. El paciente residente en Tingo María no tiene un lugar para alojarse en Lima. Sus acompañantes deciden ubicarse en un hotel. Es en el hotel que se percatan que el famoso “procedimiento” practicado en el Hospital Almenara no le hizo ningún efecto. Al contrario, su condición continuaba en franco deterioro. Entonces deciden regresar y solicitar que vuelvan a atender al paciente. La respuesta es simple. El paciente ya fue atendido y lo único que pueden ofrecer es tramitarle un pasaje de retorno a su lugar de origen.
Con la ayuda de distintos frentes se inicia una carrera por conseguir que atiendan al paciente. ¡Qué increíble! Los ciudadanos necesitamos encontrar “contactos” para conseguir algo que, por derecho, debemos tener garantizado. Algo tan elemental como la salud. Incluso, el apoyo de personajes muy allegados a la seguridad social son insuficientes.
La Defensoría del Asegurado es un cartel dibujado en las paredes y en la página web de la institución. No defiende absolutamente nada, más que los intereses de la Entidad. La presión de distintas personalidades y una Entidad que si se interesó en el caso, como SUSALUD, luego de siete días de tortura y deterioro del paciente, lograron que finalmente sea internado, no en el Almenara –como correspondía– sino en el Hospital Rebagliati. El final no es conocido y el diagnóstico es reservado aún ¿Qué preguntas y reflexiones se les vienen a la cabeza cuando repasan situaciones como esta, que ocurren a diario en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales?