Por: Carlos Alberto Aguilar Meza
Se atribuye a Albert Einstein la frase: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Una frase aplicable a muchas actividades de nuestra vida cotidiana, pero de manera especial a lo que venimos ejecutando en los últimos 50 años en materia de seguridad ciudadana.
Lo que el Ministerio del Interior y las agencias gubernamentales relacionadas tienen como práctica habitual, año tras año, es abordar la seguridad ciudadana utilizando estrategias y herramientas de ataque frontal al delito y las faltas. Delito y falta son los conceptos establecidos en nuestra normativa.
Me gustaría enfatizar que las operaciones que nuestras autoridades realizan a la fecha son absolutamente necesarias de ejecutar frente a la comisión de delitos. Sin embargo, a la luz de los resultados existen acciones adicionales (distintas) que hasta hoy no son consideradas y deberían implementarse, precisamente en la búsqueda de los resultados distintos que menciona Einstein.
Existe una iniciativa del Kalorinska Institute, que hoy ya forma parte de las políticas de Naciones Unidas, denominada “Comunidades Seguras”. Esta iniciativa busca fomentar la convivencia ciudadana, la cultura y la prevención de lesiones, a través de consolidar organizaciones sociales asentadas en los municipios. Aborda un enfoque multidimensional respecto del sistema de seguridad ciudadana, protección civil, vialidad y prevención del delito.
Si analizamos los pocos datos sobre seguridad ciudadana que ha publicado el INEI en el compendio “Victimización en el Perú 2010-2019, Principales Resultados”, encontramos que resaltan dos temas: la percepción de inseguridad casi uniforme en la última década, que oscila entre 79,2% – 90%; y la comisión de delitos menores (robo o intento de robo de dinero, cartera o celular), que abarca alrededor del 38% del universo de delitos.
El año 2008, el Ministerio de Interior ejecutó la encuesta más grande que se haya realizado en el Perú sobre victimización. Los resultados no difieren en gran medida de los pocos datos que muestra el INEI; es decir, la prevalencia la encontramos básicamente en que la población tiene temor al crimen y a la violencia. Sin embargo, solo el 26% de ellos en promedio fue sujeto de algún delito, y los delitos de mayor incidencia son los actos menores que, para el código penal, no son sancionables. Califican como faltas. Por ello asistimos, aparentemente, a actos de impunidad cuando vemos que dejan libres a los infractores.
Resulta importante, en este contexto, ampliar el concepto de Seguridad en el diseño de las políticas públicas. Ampliar la base del análisis del delito estrictamente ligado a una problemática penal–punitiva, y escalar hacia el análisis social de los actos de violencia que generan impacto en la sociedad.
Este enfoque complementario nos permitiría avanzar hacia un modelo de Seguridad más amplio, en el que además de acciones policiales, propiamente, se busque incorporar educación con calidad, aspectos de prevención, promoción del desarrollo económico, social y cultural, recuperación y desarrollo de espacios públicos, proyectos que incrementen la dinámica social y por tanto la confianza comunitaria.
Enlazar con nuestra realidad la iniciativa de Comunidades Seguras y los datos de seguridad existentes cobra mayor sentido, si nuestras autoridades reflotan el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana creado por Ley 27933, otra iniciativa organizativa en el olvido y con poco protagonismo. Urge otorgarle la importancia que tienen y se merecen los distintos consejos existentes en todos los niveles de gobierno.
De esta manera daremos un paso importante hacia hacer acciones distintas, con la finalidad de encontrar resultados distintos y de mayor impacto en materia de seguridad ciudadana.