Por: Carlos Alberto Aguilar Meza
La idea central para descentralizar es y será siempre “acercar las decisiones de Gobierno a sus ciudadanos”. El reto es que los Gobiernos trabajen para reducir brechas de desigualdad, generar empleo, satisfacer demandas sociales y brindar servicios de calidad a los ciudadanos.
El servicio público, cual fuere la temática, debe ser siempre de calidad. Eso es lo que debería significar acercar las decisiones de gobierno a los ciudadanos, que el Estado funcione en el más recóndito de los lugares del territorio nacional.
La denominación utilizada para trasladar funciones y actividades a las regiones es “proceso de descentralización”. Pero lo que ha ocurrido hasta ahora es un proceso de regionalización inconcluso; un modelo que en el pasado ya se intentó implantar sin éxito, por cierto.
Lo de la regionalización lo digo porque las estructuras de gobiernos subnacionales no sufrieron modificaciones importantes respecto de los CTARs. Los Gobiernos Regionales y Municipalidades siguen siendo las mismas en estructura funcional y la mayoría de los procedimientos que las rigen, principalmente diseñados para satisfacer un gasto público dirigido desde el centralismo.
Si queremos caminar hacia la descentralización aún tenemos un largo camino por recorrer. Una primera tarea es la construcción e implantación de una estructura funcional acorde a cada Gobierno Regional o Municipal, eliminar cadenas normativas y adecuar procesos funcionales a sus reales necesidades. Los gobiernos en selva son distintos a los de sierra y a los de la costa, igualmente a los del norte, centro y sur.
Cada región debe identificar la vocación de su territorio en términos de producción y conservación, para ejecutar actividades productivas rentables para sus poblaciones. Debe clasificar sus ciudades, ordenándolas de tal manera que las actividades productivas, comerciales, militares e industriales que se desarrollen en ellas puedan realizarlas en concordancia con los asentamientos humanos.
Esta información es la que hace posible construir una estructura regional y local, que luego permite formular un planeamiento real de los territorios, pensados en desarrollo sostenible. Planificar significa idealizar y construir el futuro sobre la base de necesidades reales de la región y las comunidades que la conforman.
La nueva estructura debe tener cambios normativos, pensados en el desarrollo y especialización del capital humano. Potenciar las capacidades de las funciones y los funcionarios debería ser una tarea inmediata.
Al finalizar estos procesos recién pasamos a la siguiente fase. La cúspide de la descentralización. La formación de territorios con intereses comunes en materia de geografía, vocación productiva, industria, arqueología y cultura. Nuevos territorios formados por iniciativa de las propias comunidades, que no tengan litigios de límites como ahora sucede. Que no tengan conflictos de interés en materia de agua como vemos a menudo.
La descentralización –desde esta perspectiva– es la manera en que los territorios pueden resolver sus problemas sin digitaciones externas. Es la forma en que los gobernantes regionales y locales estarán en capacidad de satisfacer demandas y, finalmente, garantizar servicio público de calidad. Son procesos democráticos, participativos de mediano plazo, pero sin ellos difícilmente obtendremos resultados.
Nada de lo dicho en este artículo colisiona con las leyes y normas que un Gobierno Central promulga en favor de las grandes mayorías. Lo que debemos hacer es recoger las particularidades de los territorios y hacer que estos funcionen de manera integral, desarrollen en función a su propia clasificación y vocación productiva. Debemos alejarnos gradualmente de aquello que nos ha gobernado 200 años, el centralismo en todas sus dimensiones y justificaciones. Los resultados con este modelo que aún subsiste son muy desalentadores.