Artículo de Carlos Alberto Aguilar Meza
Hoy, en medio de una campaña electoral, nuevos actos de violencia nos regresan a la memoria aquellos años oscuros, que ilusoriamente imaginábamos en el pasado.
¿La masacre registrada en Vizcatán obedeció a una ideología? ¿Son estos desalmados de Sendero Luminoso? ¿Qué mente desadaptada podría ser capaz de idear un acto de tamaña violencia?
Lo cierto es que como Estado continuamos siendo permisivos, indulgentes y hasta indiferentes frente a la continuidad de la existencia de estos grupos violentos.
Permisivos porque sabemos que los grupos subversivos están identificados, están identificados sus cabecillas, y aun no somos capaces de detener sus acciones periódicas. Que por más pequeñas que sean causan mucho daño y dolor.
Indulgentes, porque como Estado tenemos todas las herramientas para derrotar a los agresores de la libertad y la paz social. Sin embargo, no hemos sido capaces de culminar con el trabajo que, de manera exitosa, inició el GEIN y, finalmente, capturar, juzgar y encarcelar a los remanentes genocidas.
La Dirección contra el Terrorismo debería tener relevancia e importancia dentro de la estructura policial. Tal importancia, que permita librar al país de ciudadanos desadaptados, pero también –a través de la DIRCOTE– deberíamos ser capaces de construir una buena estructura del Estado para derrotar la ideología sembrada por este y otros grupos en las poblaciones principalmente del VRAEM.
Indiferentes, porque como Estado no somos capaces de enfrentar las condiciones socio económicas que subsisten en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. A todas luces, las estrategias usadas por años para cambiar las condiciones y tan llamados “caldos de cultivo” que existían en el Valle del Huallaga, rindieron sus frutos y hoy tenemos este valle y otros directamente vinculados adaptados a una nueva forma de vida, estrictamente vinculada a la producción legal.
Por años fuimos testigos que los funcionarios de los gobiernos lamentaban la falta de dinero para sus proyectos. Hoy no existe esta limitación. Por años escuchamos de las poblaciones rurales que los gobiernos están ausentes y eso no se ajusta a la verdad. Gobierno también es la Municipalidad Distrital, el Centro Poblado Menor, el Juez de Paz, el Sub Prefecto. Todos ellos forman parte de una estructura que hasta la fecha no hemos sabido distribuir y utilizar en beneficio de las poblaciones más necesitadas.
Hoy tenemos grupos de peruanos que lo único que ejecutan son actos delictivos, con la agravante de cometer asesinatos como el ocurrido en Vizcatán.
Estamos en la obligación como país de eliminar estos rezagos. Estamos en la obligación como país de dotar a las poblaciones del VRAEM iguales o mejores condiciones que las que se entregaron al Valle del Huallaga.
Estamos en la obligación como país de ser consecuentes con nuestros conciudadanos y otorgarles la calidad de vida y servicios que se merecen.